SEÑORES HONORABLES CONCEJO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN

Tres Ríos  18 mayo 2017

SEÑORES

HONORABLES CONCEJO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN

 

Estimado señores:

El pasado 01 diciembre 2016 en Sesión Ordinaria  No. 49 del 01-12-2016 este servidor presento al honorable Concejo Municipal una Moción referente a presuntas irregularidades que ha incurrido la funcionaria Anabelle Barboza Castro Auditora Interna Municipal, los Concejos Municipales anteriores incluyendo el actual han permitido en total complicidad y supuesta confabulación de varias Administraciones anteriores y la Actual, de acuerdo a las denuncias hechas del conocimiento ante este Honorable Concejo Municipal mediante la Sesión Ordinaria N°. 49 Del 01-12-2016 y al no haber ningún pronunciamiento por parte de este Órgano colegiado se podría estar infringiendo  lo que exige la normativa jurídica vigente en los que respecta los artículos 32 de la Ley General de Control Interno, 11 y 27 de Nuestra Constitución Política y 11 de la Ley General de Administración Pública, además del artículo 116 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Público, el cual indica;

Artículo 116.-Responsabilidad solidaria

La responsabilidad será solidaria cuando los responsables por un mismo acto sean varios, su grado de participación en los hechos causantes del daño o perjuicio sea equivalente o se trate de miembros de un órgano colegiado si el daño se deriva de un acuerdo adoptado por ellos, salvo que conste, de manera expresa, su voto negativo.

Es deber de considerar, ya ha trascurrido sobradamente más de seis meses sin respuesta concreta de parte de este Concejo Municipal, desde la presentación de dicha moción, la actuación del silencio que impera en este Concejo Municipal en un total irrespeto y menosprecio no solo hacia mi persona como al municipio de este cantón, como ciudadano, contribuyente y como regidor de este ayuntamiento municipal, resulta necesario  indicar la infracción de la normativa vigente tales como el artículo 27 de Nuestra Constitución Política sobre el derecho a la libertad de petición en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución, como lo indica la ley 9097 derecho de petición y pronta respuesta, a la vez considero que este Concejo Municipal podría estar cometiendo el delito de Favorecimiento Personal sancionado en el numeral 329, e Incumplimiento de Deberes tipificado en el numeral 339, ambos del Código Penal, a la fecha, el Concejo Municipal  no han podido y/o voluntad para  extraer ni establecer con claridad  las acciones claras sobre las consultas hechas a la Contraloría General de la  Republica, Procuraduría General de La Republica o a cualquier otra instancia  con la  atención que amerita esta investigación y atender con la seriedad y con la normativa vigente que amerita el caso en mención.

El Código Penal, en los artículos antes mencionados señala;

Artículo 329.- Favorecimiento personal: Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años al que, sin promesa anterior al delito, ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a substraerse a la acción de esta u omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo.

Artículo 339: Incumplimiento de deberes: Sera reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, el funcionario público que ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función. Igual pena se impondrá  al funcionario público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto está obligado a hacerlo."

Indagando e investigando sobre el asunto puesto en conocimiento y que este Concejo Municipal hasta hoy día supuestamente se ha rehusado a ejecutar,  me he visto obligado a consultar por mis propios medios ante la Contraloría General de La Republica sobre el presente caso y muy amablemente el funcionario  Rolando Tenorio de la Unidad de Sistemas de Información de ese ente contralor indico que se  había emitido un oficio desde el año 2005 referente a ese caso, por medio del Oficio No. DAGJ-0538-2005 del 03 marzo del 2005, el funcionario Tenorio muy gentilmente me facilito y me envió a mi correo electrónico el pasado 12 mayo el citado pronunciamiento del cual lo adjunto para conocimiento del Concejo Municipal, y solicito con todo respeto a este Órgano colegiado que el mismo sea leído íntegramente y que conste en el acta que corresponda, y una vez que quede en firme lo expuesto por este servidor,  sea de dominio público, ya que este  pronunciamiento es claro, conciso y  preciso considerando con trasparencia de lo expuesto en la moción dando énfasis a algunos aspectos ya mencionados.

La Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en su artículo 17, es claro y fehaciente y dicta;

Artículo 17.- Desempeño simultáneo de cargos públicos.(*)

Ninguna persona podrá desempeñar, simultáneamente, en los órganos y las entidades de la Administración Pública, más de un cargo remunerado salarialmente. De esta disposición quedan a salvo los docentes de instituciones de educación superior, los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional y los de las bandas que pertenezcan a la Administración Pública, así como quienes presten los servicios que requieran la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias para atender emergencias nacionales así declaradas por el Poder Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Elecciones, durante los seis meses anteriores a la fecha de las elecciones nacionales y hasta tres meses después de verificadas, así como otras instituciones públicas, en casos similares, previa autorización de la Contraloría General de la República.

Para que los funcionarios públicos realicen trabajos extraordinarios que no puedan calificarse como horas extras se requerirá la autorización del jerarca respectivo. La falta de autorización impedirá el pago o la remuneración. (*)

Igualmente, ningún funcionario público, durante el disfrute de un permiso sin goce de salario, podrá desempeñarse como asesor ni como consultor de órganos, instituciones o entidades, nacionales o extranjeras, que se vinculan directamente, por relación jerárquica, por desconcentración o por convenio aprobado al efecto, con el órgano o la entidad para el cual ejerce su cargo.

Asimismo, quienes desempeñen un cargo dentro de la función pública, no podrán devengar dieta alguna como miembros de juntas directivas o de otros órganos colegiados pertenecientes a órganos, entes y empresas de la Administración Pública, salvo si no existe superposición horaria entre la jornada laboral y las sesiones de tales órganos.(*)

Quienes, sin ser funcionarios públicos integren simultáneamente, hasta tres juntas directivas u otros órganos colegiados adscritos a órganos, entes y empresas de la Administración Pública, podrán recibir las dietas correspondientes a cada cargo, siempre y cuando no existan superposición horaria. Cuando, por razones de interés público, se requiera que la persona integre más de tres juntas directivas u otros órganos colegiados adscritos a órganos, entes y empresas de la Administración Pública, deberá recabarse la autorización de la Contraloría General de la República. (*)

Los regidores y las regidoras municipales, propietarios y suplentes; los síndicos y las síndicas propietarios y suplentes; las personas miembros de los consejos de distrito; las personas miembros de los consejos municipales de distrito, propietarias y suplentes, no se regirán por las disposiciones anteriores.

La Ley General de Control Interno, en el numeral 32 tipifica;

Artículo 32.- Deberes, incisos a,b,d,g, i,

El auditor interno, el subauditor interno y los demás funcionarios de la auditoría interna, tendrán las siguientes obligaciones:

a) Cumplir las competencias asignadas por ley.

b) Cumplir el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.

d) Administrar, de manera eficaz, eficiente y económica, los recursos del proceso del que sea responsable.

g) Acatar las disposiciones y recomendaciones emanadas de la Contraloría General de la República. En caso de oposición por parte de la auditoría interna referente a tales disposiciones y recomendaciones, se aplicará el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

i) Cumplir los otros deberes atinentes a su competencia.

La Ley General de Administración Pública en el Artículo 199.- reza:

1. Será responsable personalmente ante terceros el servidor público que haya actuado con dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo, aunque sólo haya utilizado los medios y oportunidades que le ofrece el cargo.

2. Estará comprendido en tales casos el funcionario que emitiere actos manifiestamente ilegales, y el que los obedeciere de conformidad con esta ley.

3. Habrá ilegalidad manifiesta, entre otros casos, cuando la Administración se aparte de dictámenes u opiniones consultivos que pongan en evidencia la ilegalidad, si posteriormente se llegare a declarar la invalidez del acto por las razones invocadas por el dictamen.

4. La calificación de la conducta del servidor para los efectos de este artículo se hará sin perjuicio de la solidaridad de responsabilidades con la Administración frente al ofendido.

Para mejor proveer la consulta de estas violaciones a la normativa vigente, se encuentra en proceso ante la Procuraduría General de la Republica, para los efectos que correspondan. Las presuntas anomalías y la eventual sanción  se encuentran las siguientes: administrativa, despido sin responsabilidad patronal, acción civil resarcitoria pagar el daño que ocasiono en este caso los dineros pagados en el tiempo que tomo estando en labores y según lo gravoso del caso la acción penal.

Reiterando, insistiendo y solicitando nuevamente a este Honorable Concejo Municipal en pleno se valore previo al eventual Órgano Disciplinario  lo siguiente:

  1. En un plazo no mayor a 15 días hábiles se tomen las  observaciones  y acciones pertinentes al caso.
  2. Se proceda de inmediato a suspender y abrir Órgano Director a la Auditora de este ayuntamiento municipal señora Anabelle  Barboza Castro y a  los funcionarios que eventualmente han encubierto a dicha funcionaria por las faltas que se le imputan de acuerdo a la moción que está en estudio, todo lo anterior con la finalidad de averiguar la verdad real de los hechos y así descartar o sancionar de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico vigente como en derecho corresponda.
  3. Dar un seguimiento con la seriedad y responsabilidad  ya que eventualmente está en riego el patrimonio municipal y por ende es de interés institucional.  Caso contrario se podría estar actuando  con total irresponsabilidad  y eventualmente podríamos estar infringiendo los numerales 229 y 339 del Código Penal y demás norma jurídica vigente.

Advertir a este Honorable Concejo Municipal que de no actuar como en derecho corresponde, esta denuncia será elevada a las instancias superiores llámese fiscalía y/o ministerio público, con las responsabilidades del servidor público ante terceros que sancionan de acuerdo a lo tipificado en el numeral 199 y siguientes de la Ley General de Administración Pública, 116 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Público y demás norma jurídica vigente.

Se adjunta copia del oficio No. DAGJ-0538-2005 del 03 marzo del 2005 PRONUNCIAMIENTO de La Contraloría General Republica.

Para notificaciones al correo: racu25@gmail.com  Tel. 8817-9432

 

Lic. Rafael Alexis Calvo Ulate

Regidor Suplente

 

 

 

Cc:  MBA. Luis Carlos Villalobos Monestel.

ALCALDE LA UNION CARTAGO

 

División Jurídica CGR

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